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| Sede Parque Científico de Madrid. Universidad Autónoma. 2010. |
Son muchas las ciudades del mundo que han entrado en esta carrera por la innovación. Pero en el camino se ha cruzado un debate sobre el tipo
final de ese mismo modelo y, sobre todo, quien sea el que lo gestione, como lo
gestione y que beneficios obtenga de esa gestión.
El urbanismo moderno está fuertemente politizado. Tanto en su concepción
y diseño como en las formas e instrumentos para ponerlo en práctica. Lo mismo
podemos decir de la gestión de las ciudades. Básicamente hay dos modelos: el
que quiere que sean solo las entidades públicas las que planifiquen y gestionen
la ciudad (ideologías de izquierda e intervencionistas) y el que defiende la participación, en mayor o menor medida, del sector privado en todo el proceso (ideologías
conservadoras y liberales).
Como dice la primera frase de la definición que inicia este artículo “Una ciudad inteligente detecta las necesidades de sus
ciudadanos” ¿Y cómo las detecta? Por la demanda directa de los ciudadanos no,
pues eso es una ciudad convencional. La solución está en la frase que sigue a la primera:
“transformando las interacciones de los ciudadanos con los sistemas y elementos
de servicio público en conocimiento”. Y hoy día decir conocimiento es decir Big Data y por derivación Inteligencia Artificial.
Los datos, siempre los datos.
Hasta el momento la tecnología y los datos han estado
en manos de empresas privadas que investigan, desarrollan y venden los
productos para los servicios de smart cities. Y los ayuntamientos, comunidades y demás poderes públicos autorizaban esos nuevos usos de gestión privada o firmaban convenios de
colaboración y desarrollo con dichas empresas en una gestión mixta.
Pero eso está cambiando. Las ideologías intervencionistas y estatalistas quieren intervenir también en el futuro y no perder, y a poder ser aumentar, su cuota de poder. Las ciudades gobernadas por partidos de
izquierda se están organizando para crear estructuras, grupos de trabajo,
software libre, códigos fuentes abiertos y todo lo necesario para la
‘democratización’ de los datos (como ellos dicen) y para que dichos datos sean
gestionados desde estructuras oficiales.
En España la ciudad que lidera este movimiento es Barcelona, con su
alcaldesa a la cabeza, que está destinando una importante inversión económica
además de la disposición de medios e infraestructuras para que en su ciudad se
convierta en un vivero y un lugar experimental de esa creación y gestión de
ciudades inteligentes públicas a nivel mundial. Lo que resulta curioso y
paradójico es que todo esto esté ocurriendo de manera algo opaca, sin
publicidad apenas, sin concurso de todos los ciudadanos, restringido a ciertos
grupos, entidades y colectivos. Y no es que se encuentre en estado embrionario,
tiene ya su recorrido y se están comenzando los primeros pasos de su
implantación. Tal vez no quieran agobiarnos con tecnicismos. Al fin y al cabo,
les elegimos para que trabajaran día y noche por nuestro bienestar, para que
defendieran nuestros intereses. Ellos saben mejor que nadie lo que nos
conviene.
En definitiva, la lucha por nuestros datos, por nuestra intimidad.
Unos para obtener el mayor beneficio posible, otros para tener el mayor control
posible.
(Al cierre de este artículo el Senado aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Es ley permitirá a los partidos políticos elaborar bases de datos que detallen el perfil ideológico de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico o mensajes privados a través de las redes sociales) sin su consentimiento previo)
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